El proceso se inició el día 19 tras varios avisos vecinales alertando de “okupas”
El Ayuntamiento de Amurrio ha culminado el desalojo del antiguo edificio del ambulatorio, poniendo fin a un procedimiento en el que -según ha explicado el alcalde, Txerra Molinuevo- “desde el primer momento, actuó con la máxima diligencia, utilizando todos los instrumentos que la legislación pone a disposición de una administración local y manteniendo una coordinación permanente con las autoridades competentes, ya que los ayuntamientos no pueden ordenar directamente el desalojo de un inmueble ocupado”.
Desde el primer aviso recibido el 19 de julio, la Policía Local activó un seguimiento permanente de la situación en el antiguo ambulatorio. Tras recibir varios avisos vecinales alertando de un posible acceso no autorizado al edificio, los agentes acudieron inmediatamente al lugar, verificaron los hechos e identificaron a las personas que se encontraban en su interior.
Las inspecciones realizadas permitieron constatar la presencia de enseres personales, trabajos de acondicionamiento y otros indicios que evidenciaban una clara voluntad de permanencia en el inmueble de Landako, vacío y sin uso desde que en septiembre de 2017 se inauguró el nuevo centro de salud en la calle Felix Murga; aunque el Plan de Equipamientos, presentado en junio de 2022, planteaba crear en él un Centro de artes escénicas, que dotase de unas instalaciones adecuadas a la escuela de música, la escuela de danza y el grupo de teatro.
Ante estos hechos, la Jefatura de la Policía Local instruyó con carácter urgente el correspondiente atestado por un presunto delito de usurpación y lo trasladó a la autoridad judicial. “Durante todo el procedimiento, la Policía Local mantuvo una presencia constante en el entorno del edificio, realizando numerosas comprobaciones, atendiendo todos los avisos vecinales, documentando la evolución de la ocupación e impidiendo nuevos accesos en distintas ocasiones”, ha asegurado el regidor.
Toda la información recabada fue puesta a disposición del Juzgado de Amurrio que, el 28 de julio, autorizó el alzamiento del inmueble. A partir de esa resolución, el Ayuntamiento activó el dispositivo necesario para ejecutar el desalojo y coordinar a los distintos servicios municipales implicados. Finalmente, el 31 de julio, la Policía Local llevó a cabo el desalojo sin incidencias reseñables, recuperando la posesión del antiguo ambulatorio.
Tras la intervención, se procedió de forma inmediata al cierre y aseguramiento del edificio mediante la instalación de nuevos elementos de seguridad y cartelería informativa, además de establecer un sistema de comprobaciones periódicas para prevenir nuevos accesos no autorizados.
Compromiso social y de futuro
El Ayuntamiento quiere agradecer la paciencia, la comprensión y la colaboración demostradas por los vecinos y vecinas durante estas semanas, especialmente por quienes residen en el entorno del antiguo ambulatorio, y reconocer la profesionalidad y el compromiso de la Policía Local, así como la colaboración del resto de administraciones que han participado en este procedimiento.
Asimismo, continuará actuando con la misma determinación ante cualquier situación que pueda afectar a la seguridad, la convivencia o el patrimonio público, utilizando todos los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios y reclamando, al mismo tiempo, herramientas cada vez más ágiles y eficaces para responder a este tipo de situaciones.
Además, han explicado que siguen trabajando cada día, junto con la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco, para desarrollar políticas sociales dirigidas a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su inclusión, su autonomía y su integración, independientemente de su origen o de su situación administrativa.
“Lo hacemos siempre desde la responsabilidad institucional, el respeto a las normas de convivencia y el compromiso con una sociedad más cohesionada e inclusiva. Ahora bien, la solidaridad nunca puede confundirse con la tolerancia hacia actuaciones ilegales”, ha subrayado Molinuevo, al tiempo que ha añadido que “ninguna situación personal justifica comportamientos que alteren la convivencia, generen inseguridad o vulneren los derechos del conjunto de la ciudadanía. El respeto a las normas que hacen posible la convivencia constituye la base de una sociedad democrática y garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todas las personas”.
Del mismo modo, el Ayuntamiento seguirá defendiendo con la misma firmeza tanto a las personas que necesitan apoyo social como a quienes ven vulnerados sus derechos como consecuencia de ocupaciones ilegales de viviendas, locales o propiedades.
